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¿Cuáles son los límites de la libertad de información? El caso WikiLeaks

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Wikimedia Commons

El caso WikiLeaks es una historia en desarrollo. Su resolución puede marcar un peligroso antecedente en la historia de la libertad de información en esta era digital. Se trata de un derecho humano protegido en la mayoría de las constituciones del mundo e instituciones como la ONU. Pero cuando los datos publicados son muy controversiales se aplica la premisa de “matar al mensajero”.

Periodistas como Wokusch (2018) han descrito como la administración Trump alabó a WikiLeaks (al principio de su mandato). Pero actualmente Julian Assange es el enemigo público # 1 simplemente por “publicar cosas que no les gustan”. En consecuencia, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha preparado acusaciones criminales y comenzado un proceso de extradición.

La libertad de prensa y el derecho a disentir están en juego. Barry Pollack, abogado del equipo defensor de Assange, sintetizó en una frase todo el riesgo de la situación actual. Declaró al New York Times “el gobierno inculpando cargos criminales a alguien por publicar información fidedigna es un camino muy peligroso para la democracia”.

El líder de WikiLeaks se refugió en la embajada de Ecuador en Londres desde el año 2012. Fue acusado de agresión sexual por las autoridades de Suecia. A pesar de que la orden de arresto fue revocada, Assange permaneció asilado allí. Pero el presidente de Ecuador, Lenín Moreno anunció a finales de 2018 que no podía albergar más al activista australiano. ¿Diplomacia? 

Finalmente, el 11 de abril de 2019 Moreno autorizó la entrada de Scotland Yard a la embajada. Assange fue detenido y condenado a 50 semanas de prisión por eludir una fianza en 2010. El ex presidente ecuatoriano Rafael Correa calificó a Moreno como el mayor traidor de la historia de su país. El actual mandatario se defendió alegando que entregó a las autoridades británicas a un “hacker miserable y malcriado“.

El cinismo como modus operandi para sentar un precedente muy peligroso

El portal couragefound.org señala en su informe de marzo de 2019 las profundas implicaciones para la libertad de prensa. Afirma que “la administración Trump pretende usar el caso WikiLeaks como un rompehielos para aplastar al resto de la prensa”. Lo cual significa sentar un precedente muy amenazador para la comunicación libre “que no se detendrá en ese punto”.


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El cinismo del presidente Trump queda reflejado de acuerdo con la conveniencia del momento. Durante su campaña electoral en 2016 expresó “Amamos a WikiLeaks… ellos han descubierto muchísimo”. Claro, si muchas de sus filtraciones dejaban mal parada a su oponente en la carrera presidencial, Hillary Clinton. Probablemente WikiLeaks fue determinante para la victoria de los Republicanos por la Casa Blanca.

Pero todo cambió en marzo de 2017 cuando se reveló evidencia sobre el espionaje doméstico por parte de la CIA. Un mes después las autoridades estadounidenses ya habían efectuado cargos criminales contra Assange. Entonces el fiscal general Jeff Sessions catalogó su arresto como “prioritario”.

Al respecto, el exdirector de la CIA y actual Secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, calificó a WikiLeaks como un “servicio hostil de inteligencia no-estatal”. “No podemos permitir a Assange y sus colegas el beneficio de usar sus valores de libertad de expresión contra nosotros”, añadió. Poco (o nada) importa la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense. La pregunta crucial en este punto: ¿por qué el foco no está en averiguar la veracidad de los hechos publicados?

La filtración más grave de la historia militar estadounidense

La periodista del portal francés IFLA, Päivikki Karhula, explica en su informe de 2018 cuál fue el evento desencadenante. Se trató de la negativa de Chelsea Manning de testificar en contra de WikiLeaks. La ex analista informática del Ejército estadounidense fue la fuente principal de Assange para obtener documentos clasificados.

chelsea manning wikileaks supnews

Flickr

Fueron más de medio millón de cables con información confidencial publicados durante 2010. Aunque en 2015 el presidente Barack Obama le conmutó su pena, el 8 de marzo de 2019 fue encarcelada nuevamente. Sin embargo, Manning se mantuvo firme y reafirmó su declaración inicial de 2013: actuó por “su propia cuenta”. No se dejó coaccionar.

La atención pública en este caso debería estar centrada en la gravedad del contenido divulgado. Incluye desde abusos contra prisioneros en Guantánamo hasta crímenes de guerra en Irak y en Afganistán. También expone las evidencias -ignoradas- referentes a torturas y a más de 109.000 muertes violentas entre 2004 y 2009. De esos decesos, 66.081 eran civiles.

El Cuarto Estado Global

Nozomi Hayaze (2018) revela algunas verdades inquietantes en su libro WikiLeaks, El Cuarto Estado Global: la Historia está Sucediendo. Su texto describe el origen de un nuevo tipo de periodismo digital garante de la libertad de información. Asimismo alerta sobre el objetivo del gobierno estadounidense de restringir la labor de los periodistas en todo el mundo.

Para este propósito contarían con la colusión de los países más poderosos de la Unión Europea y de Asia. Hayaze también advierte que el caso WikiLeaks es una muestra de la abominación presente en el manejo de la democracia. Las autoridades gubernamentales -no solo en EE. UU.- son capaces de actuar con un descaro ilimitado cuando se trata de controlar la opinión pública.


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Todo gracias a medios de comunicación cómplices y una población incapaz de cuestionar las atrocidades de los conflictos bélicos actuales. Adicionalmente el autor denuncia que la persecución de Assange es una persecución a la libertad de expresión. En el siglo XXI la batalla por los derechos se libra en internet. En ese contexto surge una oración que puede definir el futuro de la humanidad: “todos somos enemigos del Estado”.

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Legisladores de EU cuestionan a AMLO por políticas laborales

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9 de julio 2020 | 8:19 pm

Ocho legisladores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, resolver problemáticas laborales a través de una carta enviada el mismo día que el mandatario mexicano visitaba la Casa Blanca en Washington.

De acuerdo con el documento publicado por el diario Reforma, los políticos pidieron a López Obrador implementar las reformas laborales correspondientes al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que entró en vigor el 1 de julio.

“Informes de noticias recientes plantean las siguientes inquietudes que nos gustaría traer a su atención (…) Nos preocupa que los frívolos desafíos judiciales a la nueva ley laboral busquen retrasar y descarrilar estas importantes reformas”, dice la carta.

Los legisladores Earl Blumenauer, John Larson, Rosa DeLauro, Jan Schakowsky, Mike Thompson, Terri Sewell, Suzanne Bonamici y Jimmy Gomez afirmaron tener reportes sobre despidos ilegales y sindicatos que firman nuevos contratos para puestos de trabajo antes de contratar a los empleados.

También escribieron sobre supuestas fallas en los procesos de investigación y justicia de dichos casos. Sin embargo, admitieron que la pandemia de coronavirus detuvo la resolución de juicios laborales, pero cuestionaron al gobierno mexicano sobre las acciones para minimizar el impacto de la crisis sanitaria en dichos asuntos.

Por último, pidieron información sobre el caso de la representante laboral Susana Prieto, quien impulsó huelgas en Matamoros a principios de 2019 y que actualmente enfrenta cargos por ello.

“Las acciones contra Prieto envían un mensaje escalofriante a todos los trabajadores y activistas”, dijeron los legisladores, según el diario.

Hasta el momento, López Obrador no se ha pronunciado por la carta. El documento está fechado el 8 de julio, cuando el mandatario realizó una visita oficial al presidente de Estados Unidos, Donald Trump para celebrar la entrada en vigor del T-MEC.

elceo.com
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César Duarte, a horas de comenzar oficialmente el proceso de extradición

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9 de julio 2020 | 2:36 pm

El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, quien fue detenido el miércoles en Estados Unidos, espera conocer los cargos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) en las próximas horas, con lo que iniciará oficialmente su proceso de extradición a México.

Ricardo Antonio Sánchez Reyes-Retana, abogado del exmandatario estatal, espera que “a más tardar el lunes” 13 de julio las autoridades estadounidenses le expliquen en un juzgado de Florida los delitos por los que su cliente es requerido por el gobierno de México.

“En las próximas horas en Florida le dirán los cargos por los cuales se le detuvo con motivo de extradición y ahí comenzará un proceso para combatir dicho ordenamiento”, explicó Sánchez Reyes-Retana.

A partir de ese momento, iniciará el proceso judicial para enviar al acusado de regreso a México, donde se enfrentará a un juicio por los delitos de peculado y asociación delictuosa, según la FGR. Es decir, lavado de dinero y crimen organizado.

La defensa de César Duarte también representó a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz y su esposa, Karime Macías Tubilla; en este caso, indicó que hasta el momento no tienen una estrategia definida.

Además, confirmó que la detención del exgobernador chihuahuense “se dio en paz” y que dicha acción estuvo a cargo del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos.

La FGR de Alejandro Gertz Manero informó que un Magistrado Federal de Nuevo México emitió la orden de detención en Estados Unidos.

Este proceso judicial comenzó en 2018, cuando el gobierno de Javier Corral en Chihuahua presentó ante la extinta Procuraduría General de la República diversas carpetas de investigación y órdenes de aprehensión contra el expriista, cercano al gobierno de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con los señalamientos realizados por Corral, el exmandatario chihuahuense habría desviado al menos 1,200 millones de pesos del erario público para destinarlos a actividades políticas del PRI.

Sin embargo, de acuerdo con la FGR, la administración del mexiquense mantuvo inactivo el caso hasta el fin de su gestión.

“En el año 2019, la hoy FGR inició un trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía General del Estado de Chihuahua a fin de elaborar y presentar una solicitud de extradición que cumpliera con todos los requisitos exigidos por la legislación estadounidense”, explicó la fiscalía.

Duarte Jáquez fue detenido en Miami, Florida, según información de la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia estadounidense.

La captura se dio en mismo día en que sucedió la primera visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador a la Casa Blanca en Washington, donde se reunió durante varias horas con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

La noticia fue dada a conocer por Marcelo Ebrard y Santiago Nieto pocas horas antes de iniciar una cena de trabajo en la que estuvieron presentes comitivas oficiales, así como representantes del sector empresarial de ambos países.

elceo.com
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Pleno del IFT, y no presidente interino, será quien designe o remueva personal dentro del órgano regulador

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8 de julio 2020 | 5:41 pm

El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) realizó cambios en el Estatuto Orgánico del Instituto para que sea el Pleno, y no el presidente interino en turno, quien tenga la facultad sobre la designación o remoción de personal al interior del órgano regulador.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con cinco votos a favor y uno en contra, el Pleno aprobó el cambio en el Estatuto, que adiciona na fracción al artículo sexto del Estatuto Orgánico del IFT que establece que:

En el supuesto de la ausencia en términos del artículo 19 de la Ley de Telecomunicaciones y 19 de la Ley de Competencia, designar a los titulares de unidad, coordinadores generales y directores generales del Instituto, así como resolver sobre su remoción. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 20, fracción VIII, de la Ley de Telecomunicaciones y de las propuestas de designación a que se refieren los artículos 6, fracción V, y 14, fracciones VI y VII del Estatuto Orgánico.

Los comisionados Mario Germán Fromow Rangel, Javier Juárez Mojica, Arturo Robles Rovalo, Sóstenes Díaz González y Ramiro Camacho Castillo emitieron voto a favor; en tanto que el comisionado Adolfo Cuevas Teja emitió voto en contra.

El supuesto de la suplencia por ausencia se refiere al interinato en la presidencia en tanto no se nombre al comisionado que presidirá el Pleno, un cargo que actualmente ocupa el comisionado Adolfo Cuevas Teja.

El artículo 17 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) establece las facultades cuyo ejercicio corresponde al Pleno del IFT y entre ellas destaca el emitir el Estatuto Orgánico del Instituto por mayoría calificada de cinco votos.

En él se regulará, al menos, la organización y distribución de funciones de sus unidades y la designación de funcionarios del Instituto establecidos en el Estatuto Orgánico, a propuesta del Comisionado Presidente, y resolver sobre su remoción, así como el nombramiento de los miembros del Consejo Consultivo.

En tanto que el artículo 20 de esta ley dispone entre las facultades del comisionado presidente la dirección y administración de los recursos humanos del Instituto, así como proponer al Pleno el nombramiento del titular de la Autoridad Investigadora y del Secretario Técnico del Pleno.

Además, de la facultad de nombrar y remover al personal del Instituto, salvo los casos previstos en la propia LFTR o el Estatuto Orgánico.

De la interpretación armónica de ambas disposiciones se desprender que el comisionado presidente es el representante legal del IFT, responsable de la dirección y administración de sus recursos humanos, financieros y materiales.

Sin embargo, también es cierto que requiere en diversos supuestos de la aprobación del Pleno como máximo órgano de decisión del Instituto para la designación y remoción de servidores públicos

señala el DOF. 

En el documento se explica que si el comisionado elegido presidente por el Senado requiere del Pleno para tomar decisiones, con mayor razón un presidente interino, pues “requiere la aprobación del Pleno para tomar decisiones sobre recursos humanos del Instituto que tendrán un impacto en el mediano y largo plazos, incidiendo en el desempeño inmediato de la institución”

El acuerdo fue aprobado en la XIV Sesión Ordinaria del Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones celebrada el 01 de julio de 2020.

El presente acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

elceo.com
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