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Definiciones en torno a la economía azul

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El concepto de la economía azul fue acuñado por el economista belga Gunter Pauli. Es un modelo de macro negocios enfocado en cubrir las necesidades elementales de las regiones empleando recursos endémicos. Se basa en la innovación y en tecnologías de bajo impacto ambiental para aumentar la productividad de cada rubro, mediante actividades autosostenibles y amigables con la naturaleza.

En 1994, ZERI (Iniciativa de Investigación Cero Emisiones – siglas en inglés) y el Dr. Pauli crearon esta idea revolucionaria. Explicaron como la ampliación de capital y la generación de empleos es posible sin excluir el cuidado del entorno. Esta alternativa se contrapone a la típica explotación de recursos naturales no renovables como método más efectivo de desarrollo socioeconómico.

Su implementación fue formalmente planteada por primera vez en Colombia un año después, en dos conferencias sobre progreso agrícola.  Específicamente en el Centro Nacional de Investigación de Café de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (CENICAFE). Así como en un programa sobre bambú en la Cámara de Comercio de Manizales, Caldas.

Delimitación conceptual

Según la Unión Europea, la economía azul es aquella que “reconoce la importancia de los mares y los océanos” como motores productivos. Así como “por su gran potencial para la innovación y el crecimiento”. En complemento, la Fundación Mundial para la Vida Silvestre (WWF/Adena – siglas en inglés) enmarca de forma muy acertada su enunciación. La restringe al “uso del mar para un desarrollo sostenible y rentable”.

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La definición concreta aportada por la WWF es importante para señalar cuando el término ‘economía azul’ es incorrecto. Si bien su aplicación puede abarcar otras fuentes del líquido vital, tales como ríos, lagos e incluso la lluvia. En concordancia, lo más relevante es el aprovechamiento razonable del recurso agua, minimizando en lo posible el daño medioambiental antropogénico.

Por ejemplo, una central eléctrica cuyo poder es obtenido mediante turbinas hidrocinéticas de río podría clasificarse dentro de este concepto. Aunque su instalación conlleva un impacto ambiental al cauce, su afectación es mucho menor comparado con las centrales de represas. Los ecosistemas fluviales y los suelos circundantes no sufren grandes secuelas mientras se satisface la demanda energética de una población.

Qué NO es economía azul

La utilización del agua como recurso dentro de una actividad productiva NO justifica necesariamente el uso de dicha denominación. Sin embargo, muchas empresas se valen de actividades complementarias (compensatorias) para ‘limpiar’ su imagen llamándoles ‘economía azul’. Se trata de entes inescrupulosos que poco tienen que ver la preservación de la naturaleza y la evolución socioeconómica sostenible.

La brecha en su significado ha sido generada desde entes oficiales y portales como Wikipedia. En este último aparece “minería del lecho marino como uno de los seis sectores clave de la economía azul” (sic). Siendo una afirmación muy irresponsable – insultante para los ecologistas – porque entonces hasta una empresa petrolera podría considerarse como tal.

Imagen de C Morrison en Pixabay

La cita corresponde a Bernhard Friess, director de asuntos marítimos y pesquerías (DG MARE) de la Unión Europea y estrategia de Crecimiento Azul. Un enunciado sin congruencia alguna, si se toma en cuenta la estrecha relación entre economía azul y economía verde. Pues es la “ciencia que se ocupa de una gestión económica que favorece la sostenibilidad”. La minería del lecho marino claramente no cumple con esa premisa.

¿Cuáles actividades sí deben ser consideradas como economía azul?

Son fundamentales las alternativas de producción que favorezcan la conservación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible de las comunidades. Algunos expertos consideran que incluye actividades terrestres, porque muchas amenazas de origen continental afectan también a los hábitats acuáticos (WWF). En este sentido, dichas acciones son: acuicultura, energía renovable, pesca responsable, ecoturismo y biotecnología azul.

Se puede agregar a la permacultura como modalidad terrestre totalmente integrada al concepto de economía azul. En comparación, la economía verde tiende a ser percibida como costosa debido a los materiales requeridos para su implementación. Ejemplo de esto es la generación de energía eléctrica con paneles solares o los molinos de viento. En cambio, la blue economy es más práctica al realizarse con recursos disponibles localmente.

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Imagen de yhyang en Pixabay

No obstante, se trata de conceptos muy relacionados, ambos dependientes de la optimización tecnológica. La digitalización es un factor clave en el procesamiento de datos para evaluar y reducir impactos ambientales. El objetivo es garantizar bienestar a la gente mediante la generación de empleos e incentivar innovaciones constructivas.

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SCT: entre la incertidumbre y proyectos interrumpidos tras cancelación de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico

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12 de agosto 2020 | 5:00 am

Casi cuatro meses después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la desaparición de 10 subsecretarías, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) suprimió la plaza de titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico, mas no las funciones.

La filtración de un audio en la que el titular de la SCT revela la desaparición de la oficina, así como la confirmación posterior de la eliminación de la plaza revela lo abrupto de la decisión y la falta de estrategia para asignar a otros las funciones desempeñadas hasta entonces, coinciden analistas del sector.

A la fecha, la Subsecretaría no había emprendido ningún proyecto orientado a la transformación digital del país y tampoco ha tenido el apoyo necesario para orquestar un esfuerzo del lado del gobierno que lograra orientar los esfuerzos del sector privado, dijo a EL CEO una fuente que pidió el anonimato.

Con la desaparición de la subsecretaría se confirma esa falta de interés, lo que es una pena porque hay varios proyectos de este gobierno en los que la tecnología podría impactar positivamente

Hasta el 10 de agosto, Salma Jalife Villalón se mantuvo al frente, quien es la responsable de la política pública de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno federal, principalmente en materia de cobertura social y conectividad.

En la administración pública hay un principio básico: la función crea al organismo, es decir, que a partir de un diagnóstico se crea la función para solucionar alguna problemática o implementar algún proyecto, pero no al revés.

La función de la Subsecretaría es la creación e implementación de política pública, porque no es solo que el gobierno prometa conectar a millones de personas, sino que para hacerlo debe tener un diagnóstico y una estrategia, comentó por su parte Sandra Rodríguez, abogada especializada en telecomunicaciones.

En ese sentido, la analista señaló que si bien se puede desaparecer la estructura, no la función de la división de la SCT, puesto que es un mandato constitucional, dado que la Secretaría tiene varias atribuciones.

Al desaparecer la Subsecretaría, ¿dónde queda la sustancia, los compromisos de esa unidad, la certeza legal?, ¿qué van a hacer, qué puestos van a ocupar,  cuál es la nueva estructura?

cuestionó Rodríguez. 

La creación de políticas públicas en materia de telecomunicaciones es el eje rector de la Subsecretaría, a la cual en este año se le asignó el presupuesto más alto de las tres Subsecretarías que componen la SCT:  Transporte, Infraestructura y Comunicaciones.

Para los analistas, aunque al principio del sexenio se hablaba de crear una Secretaría TIC para impulsar la transformación digital –como lo recomendaba la OCDE–, los esfuerzos hacia delante, en el mejor de los casos, los manejara la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión de la SCT.

¿Y la conectividad?

Algunos de los analistas consultados consideran que para el gobierno de la 4T, el Internet para Todos solo le interesa como proyecto para llevar internet a zonas rurales, pero no llegar más allá.

Además considera que, a pesar de que la conectividad universal es el proyecto más ambicioso en la materia para el actual gobierno, no emprende acciones para una Estrategia Digital Nacional, una tarea a cargo de Presidencia que, hasta ahora, no cuenta con una hoja de ruta.

Apenas en octubre pasado, la Unidad al frente de Jalife dio a conocer el Programa de Cobertura Social, como un primer diagnóstico de las entidades más rezagadas en conectividad, en donde Chiapas y Oaxaca son los estados más desconectados.

Y tan solo un mes antes, en septiembre de 2019, la SCT anunció la creación del Observatorio Tecnológico, con la meta de generar recomendaciones para el diseño de políticas públicas y normas que fomenten el desarrollo tecnológico en comunicaciones y tecnologías de la información, así como contribuir a la transición de México hacia la Cuarta Revolución Industrial.

Esta iniciativa de la SCT tiene por objetivo “convertirse en el principal referente sobre tendencias, indicadores y datos de las tecnologías y el desarrollo tecnológico nacional e internacional”, un proyecto que fue sometido a consulta pública, la cual terminó apenas el 31 de julio pasado.

Para los especialistas, este Observatorio podría ser otra de las opciones para concentrar las funciones de la Subsecretaría, aunque en su opinión suprimir el puesto de Jalife Villalón “carece de lógica”, pues el Estado actuó de manera abrupta sin rumbo fijo aún.

En el tintero quedaron la aplicación efectiva de la política satelital, la licitación para conectar 1,200 puntos con internet vía satélite, la ruta para los otrora Puntos México Conectado y, por supuesto, el desarrollo tecnológico.

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Detienen designación de procurador para Prodecon por perfiles inadecuados

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11 de agosto 2020 | 9:24 pm

Este martes, un juez ordenó suspender definitivamente el proceso para designar al nuevo titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) porque los perfiles propuestos por el gobierno federal no cubren los requisitos.

Édgar Ulises Rentería Cabañez, juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del Estado de Nuevo León, otorgó un amparo a las organizaciones Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y México Justo para detener el desarrollo de selección.

“Surge la necesidad de paralizar momentáneamente el camino que habría de seguir la propuesta presentada por el Presidente de la República, para la designación de la persona que resultare favorecida de entre aquellas que integran la terna para ocupar el cargo de Procurador de la Defensa del Contribuyente; y, así suspendido, estar aún en posibilidad de confrontar ese acto reclamado con los requisitos que la Ley aplicable exige para designar al Titular de dicha Institución”, se lee en el documento de la suspensión emitido por el Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, alertó que en caso de no obedecer la suspensión, se incurrirá en el delito previsto en la Ley de Amparo y cuya pena puede derivar hasta en nueve años de prisión.

Los perfiles presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 3 de agosto son: Martha Patricia Jiménez Oropeza; Alberto Puga Bolio y Ricardo Rodríguez Vargas, quien renunció a la dirección del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Alguno de ellos sería votado por el Senado de la República.

¿Por qué no pueden dirigir Prodecon?

La Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente dictamina que para dirigir la Procuraduría, se solicita la acreditación de competencia y experiencia en materia fiscal en un plazo mínimo de cinco años, y de acuerdo con las organizaciones, ninguno de los tres perfiles cumple con esa condición.

Tanto Jiménez Oropeza como Puga Bolio tienen experiencia en el rubro, pues han trabajado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin embargo su trayectoria en dicha dependencia no llega al lustro requerido.

En el caso de Rodríguez Vargas, está inhabilitado pues fungió como director del INDEP; la misma ley prohíbe haber presidido algún órgano del gobierno federal en los tres años previos al nombramiento.

“La suspensión definitiva que dictó el Juez de Distrito obedece a la necesidad de contar con una procuraduría verdaderamente autónoma del gobierno federal que sea capaz de defender los derechos de los contribuyentes sin apego a interés político alguno. Los requisitos con los que debe cumplir el nuevo titular de este importante organismo deben respetarse a cabalidad”, dijo Juan Carlos Pérez Góngora, presidente de México Justo, durante una conferencia vía Zoom.

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FGR va por Jesús Orta y otros 18 exfuncionarios; aprehenden a Pérez Romero

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11 de agosto 2020 | 3:14 pm

Por solicitud de la Fiscalía General de la República, un juez federal dictó orden de aprehensión en contra de Jesús Orta, exsecretario de Seguridad de Ciudad de México, el pasado lunes por la noche.

Asimismo, requirieron una orden de la ex secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, y otros 17 exfuncionarios que trabajaron en la dependencia durante su administración de 10 meses en el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Las órdenes solicitadas por la FGR desde el 8 de agosto se deben a su posible participación en el delito de delincuencia organizada, así como por irregularidades como la renta de mil 855 patrullas en julio de 2019.

Además de Jesús Orta y Frida Martínez Zamora, la FGR solicitó órdenes de aprehensión en contra de:

  • Carlos Hipólito Rivera Codina
  • Eleuterio Enrique Pérez Romero
  • Everardo Guzmán Linares
  • Federico Emilio Metzger Sánchez Armas
  • Francisco Javier Cruz Rosas
  • Osvaldo Martínez Hernández
  • Leonel Ignacio Orozco Padilla
  • Leopoldo Martínez Escamilla
  • Ramón Jesús Sánchez Cañedo
  • Jorge Carlos Ruiz Alavez
  • Edgar Ulises Calderón Luna
  • Israel Luna Espinosa
  • José Manuel Correa Flores
  • María Eldy Sosa Calderón
  • Verónica Tlahuitzo Pérez
  • Carmen Patricia Quiñones Piña
  • Mercedes Hernández Rodríguez

Fue así que este martes, la Fiscalía de Alejandro Gertz Manero anunció la primera detención del primer exfuncionario implicado, Eleuterio Enrique Pérez Romero por los delitos de delincuencia organizada para cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero.

Pérez Romero fue jefe de departamento de áreas administrativas de la Policía Federal y se le acusa del desvío de casi 2 mil 500 millones de pesos de dicha dependencia.

La detención sucedió el pasado lunes y desde entonces, fue trasladado al Penal Federal del Altiplano; desde ahí se encuentra a disposición del juez de control responsable de la causa penal en su contra.

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